José Arcadio Segundo, la Unidad Sindical de Trabajadores del Magdalena y una lección para comenzar a estudiar Derecho el Trabajo

Esta entrada nace inspirada en una práctica que desde hace algunos años sigo con especial interés. El profesor Adrián Todolí Signes, de la Universidad de Valencia, dedica anualmente en su blog Argumentos en Derecho Laboral una entrada titulada «Buen cine y relaciones laborales», en la que recomienda películas y series que, desde distintas perspectivas, permiten aproximarse al mundo del trabajo y a las relaciones laborales.

Con esa idea, al terminar de ver «Eran más de tres mil», episodio 6 de la segunda temporada de Cien años de soledad, la adaptación de Netflix de la novela homónima de Gabriel García Márquez, resultaba difícil no observarlo con los ojos de quien enseña Derecho del Trabajo. El conflicto de los trabajadores de la compañía bananera, sus condiciones de trabajo, la organización colectiva, las reivindicaciones laborales, la huelga y, finalmente, la represión de los trabajadores concentrados en la estación convierten el episodio en algo más que uno de los momentos de mayor intensidad de la historia de Macondo: ofrece una extraordinaria oportunidad para introducir al estudiante en algunas de las circunstancias históricas que explican el nacimiento y la evolución del Derecho del Trabajo.

Por ello, el viernes 28 de agosto de 2026, decidí llevar parte del episodio al aula con los estudiantes del grupo 3 de Derecho Empresarial II de la Universidad Americana (UAM). El ejercicio estuvo precedido por la lectura conjunta de la parte VI, «La revolución científica», específicamente del capítulo 17, «Las ruedas de la industria», del libro De animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Este recorrido permitió observar cómo la Revolución Industrial y las sucesivas transformaciones de los sistemas de producción modificaron profundamente las relaciones de trabajo y generaron las condiciones históricas sobre las que posteriormente se construiría el Derecho del Trabajo. A partir de allí, el episodio de Cien años de soledad nos permitió introducir un contraste particularmente útil: la experiencia latinoamericana no reprodujo exactamente el mismo itinerario de industrialización que explica el surgimiento del Derecho del Trabajo europeo. En nuestros países, las reivindicaciones laborales también emergieron en economías con una importante presencia del trabajo artesanal y, como ilustra particularmente bien la experiencia colombiana recreada por García Márquez, de actividades agrícolas vinculadas a grandes explotaciones bananeras. La industrialización llegó, además, cuando determinados derechos laborales ya comenzaban a formar parte del debate jurídico internacional. Contrastar ambos procesos permitió mostrar a los estudiantes que el Derecho del Trabajo no se desarrolló de manera uniforme ni simultánea y que, en América Latina, la distancia entre las transformaciones económicas, las reivindicaciones de los trabajadores y su posterior reconocimiento normativo constituye también una clave para comprender la evolución histórica de esta disciplina.

El resultado fue un ejercicio fantástico y, sobre todo, fácilmente reproducible cuando corresponda introducir contenidos de Derecho del Trabajo en otras asignaturas. De esa experiencia nace esta entrada, en la que procuraré reconstruir cronológicamente los principales acontecimientos que rodean el conflicto de los trabajadores bananeros, partiendo de aquellos que aparecen representados en Cien años de soledad y deteniéndome en los aspectos que, a mi juicio, resultan especialmente interesantes para quienes estudian Derecho del Trabajo.

La llegada de la compañía bananera: cuando la promesa de progreso comienza a mostrar sus fisuras

Nuestro recorrido puede comenzar con la llegada del tren, símbolo de una transformación que cambiaría definitivamente la vida económica de la región. Con él arribaron extranjeros de distintas nacionalidades, entre ellos franceses, algunos de los cuales ya habían llegado previamente atraídos por la fallida empresa de navegación impulsada por José Arcadio Segundo. Las posibilidades económicas de la zona, la facilidad para adquirir tierras y, posteriormente, la existencia de una conexión ferroviaria terminaron por despertar el interés de inversionistas extranjeros en la explotación bananera y favorecieron el establecimiento de la famosa compañía United Fruit Company.

En sus primeros momentos, la llegada de la empresa no aparece necesariamente asociada al conflicto. Por el contrario, existe una cierta coincidencia de intereses entre los inversionistas y la población local. Para esta última, la compañía representaba nuevas posibilidades de empleo y crecimiento económico; para aquella, la región ofrecía tierra, mano de obra y una infraestructura ferroviaria que facilitaba la producción y comercialización del banano. La promesa empresarial resultaba, además, particularmente atractiva: quienes trabajaran para la compañía tendrían algunas de las mejores condiciones laborales de la región.

La empresa comenzó entonces a organizar no solamente la producción, sino buena parte de la vida cotidiana de quienes trabajaban en las plantaciones. Se construyeron galerones para alojar a los jornaleros, letrinas y centros destinados a proporcionar atención sanitaria. La remuneración, por su parte, se efectuaba mediante vales que los trabajadores podían intercambiar por productos en los comisariatos de la propia compañía, abastecidos con mercancías procedentes de Estados Unidos. De esta manera, el poder empresarial comenzaba a proyectarse más allá del lugar y del tiempo de trabajo: la compañía proporcionaba empleo, pero también intervenía en el alojamiento, la asistencia sanitaria y el acceso de los trabajadores a bienes de consumo.

Aquella aparente armonía inicial empieza a resquebrajarse cuando las condiciones materiales en las que se desarrolla la actividad revelan problemas que la promesa de progreso había dejado en segundo plano. La utilización de productos químicos para proteger las plantaciones frente a las plagas comenzó a relacionarse con enfermedades padecidas por los trabajadores y puso sobre la mesa una cuestión que hoy identificaríamos inmediatamente con la protección de la seguridad y salud en el trabajo. La respuesta proporcionada por la compañía resulta todavía más reveladora. Al interesarse por la atención que recibían los trabajadores enfermos, José Arcadio Segundo comprueba que el servicio médico ofrecido en el centro de salud distaba considerablemente de aquella imagen de bienestar inicialmente prometida: la atención terminaba reducida, en la práctica, a suministrar la misma pastilla para enfermedades y padecimientos distintos.

Es a partir de estas experiencias cuando José Arcadio Segundo comienza a formular reclamaciones frente a la compañía. Su posición resulta especialmente interesante: no es inicialmente un trabajador situado en abierta confrontación con la empresa, sino alguien que, por su condición de capataz, ocupa una posición intermedia dentro de la organización productiva. Sin embargo, cuando empieza a cuestionar las condiciones de los jornaleros y la respuesta empresarial frente a sus problemas, esa proximidad jerárquica deja de asegurarle una relación de igualdad con quienes administraban la compañía. Continúa siendo un interlocutor, pero progresivamente pasa a convertirse en un interlocutor incómodo.

De la inconformidad individual a la reivindicación colectiva: «somos trabajadores»

El episodio comienza a mostrar reuniones clandestinas de los trabajadores después de que una primera reclamación pacífica encuentra como respuesta la intervención de la policía de Macondo y de la seguridad privada de la compañía. Frente a ello, la decisión no es abandonar las reclamaciones ni responder inmediatamente mediante la confrontación, sino organizarse y trasladar sus demandas a un instrumento formal: un pliego de peticiones que pretenden presentar a la empresa para que sean reconocidas determinadas condiciones bajo las cuales continuarán prestando sus servicios.

La escena permite observar uno de los momentos fundamentales en la formación histórica del Derecho colectivo del Trabajo: un problema que inicialmente podía percibirse como individual comienza a ser reconocido como un interés compartido. Los jornaleros descubren que las condiciones que cuestionan no afectan aisladamente a uno de ellos, sino al conjunto, y que su capacidad para modificarlas depende precisamente de actuar colectivamente. La reunión clandestina adquiere así un significado que trasciende la propia trama: organizarse, identificar intereses comunes y formular conjuntamente reivindicaciones constituye el primer paso para equilibrar una relación en la que, individualmente considerados, los trabajadores difícilmente podían negociar en condiciones equivalentes con la compañía.

Pero hay un detalle del episodio que me parece especialmente significativo para quienes enseñamos Derecho del Trabajo. Los protagonistas insisten en algo aparentemente elemental: ser reconocidos como trabajadores de la compañía. El término importa. No aspiran a ser denominados de otra manera ni buscan construir una categoría que atenúe su vinculación con quien recibe y organiza su trabajo; pretenden precisamente que la compañía los reconozca como sus trabajadores y, a partir de esa condición, asuma las obligaciones correspondientes.

La escena resulta llamativamente actual. Casi un siglo después, una parte importante de los conflictos sobre la calificación jurídica de las relaciones de trabajo comienza justamente por discutir esa palabra. «Colaboradores», «asociados», «socios», «prestadores de servicios» y otras denominaciones han adquirido presencia en las nuevas formas de organización empresarial y, particularmente, en algunos modelos de negocio contemporáneos. Naturalmente, utilizar cualquiera de estos términos no determina por sí mismo la naturaleza jurídica de una relación. Pero precisamente por eso resulta tan sugerente observar que, en el conflicto recreado en Cien años de soledad, una de las primeras aspiraciones consiste justamente en poder llamarse trabajadores. Entonces, como ahora, detrás de una palabra podían encontrarse derechos y obligaciones.

Reconocida esa identidad colectiva, el contenido del pliego permite avanzar hacia una segunda lección. Las reivindicaciones no aparecen formuladas mediante las categorías jurídicas con las que actualmente las estudiaríamos en un manual de Derecho del Trabajo; surgen de necesidades concretas experimentadas diariamente en la plantación. Una de las primeras es el derecho al descanso. No se podía continuar cortando y empacando banano todos los días y, en una expresión tan sencilla como reveladora, se recuerda que hasta el cura decía que los domingos eran para descansar. La referencia permite advertir también los antecedentes históricos y religiosos que acompañaron el reconocimiento del descanso semanal, aunque los propios trabajadores plantean que corresponde a ellos decidir cómo emplear ese tiempo liberado del trabajo.

Aparece después la remuneración. Los trabajadores reclaman dejar de recibir vales utilizables en los comisariatos de la compañía y exigen que su trabajo sea remunerado mediante salario. La reivindicación adquiere especial importancia si recordamos lo descrito anteriormente: la compañía no solamente proporcionaba el empleo, sino que mediante aquellos vales condicionaba también dónde y de qué manera podía utilizarse la contraprestación obtenida por el trabajo. Reclamar un salario significaba, por tanto, algo más que modificar el instrumento de pago; suponía ampliar la libertad del trabajador para disponer de aquello que había obtenido con su trabajo.

Las condiciones de higiene y salud vuelven igualmente al centro de las reclamaciones, pero ahora dejan de presentarse como la preocupación de José Arcadio Segundo para convertirse en demandas colectivas. Los trabajadores denuncian, entre otras circunstancias, que disponen de un solo baño para aproximadamente cien personas y que, además, se encuentra averiado. A ello se une la exigencia de mejorar la asistencia sanitaria que la compañía proporciona. Aquellas deficiencias que inicialmente habían despertado la inconformidad del capataz se transforman así en parte de un catálogo organizado de reivindicaciones.

Y entre todas ellas aparece una fórmula que probablemente sea una de las imágenes más reconocibles de la historia del movimiento obrero: 8-8-8. Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para estudiar y disponer del tiempo propio. El episodio pone incluso en boca de los trabajadores una reflexión especialmente ilustrativa: un trabajador descansado y formado puede rendir mejor. La reivindicación de limitar la jornada no aparece, entonces, como una pretensión de trabajar menos por trabajar menos, sino como la exigencia de establecer una frontera entre el tiempo perteneciente a la empresa y aquel que debe permanecer bajo el dominio de la propia persona.

Vistas desde el presente, muchas de aquellas peticiones pueden parecernos elementales: descanso semanal, salario, servicios higiénicos adecuados, protección de la salud y limitación de la jornada. Precisamente ahí reside, a mi juicio, una de las mayores virtudes pedagógicas del episodio. Lo que hoy estudiamos como derechos laborales comenzó alguna vez siendo una reivindicación. Antes de aparecer en constituciones, códigos del trabajo, convenios internacionales o contratos colectivos, hubo trabajadores que tuvieron que reunirse —clandestinamente— para reclamar que aquellas condiciones fueran reconocidas. Y el pliego de peticiones de los trabajadores bananeros permite observar, casi en estado embrionario, ese tránsito entre la necesidad social y el posterior reconocimiento jurídico.

¿Quién es el trabajador? La negativa empresarial y el nacimiento del conflicto abierto

El pliego de peticiones es finalmente elaborado por José Arcadio Segundo junto con uno de los jornaleros más cercanos al movimiento y presentado ante los representantes de la compañía. Sin embargo, aparece un primer obstáculo: quienes los reciben sostienen que carecen de facultades para aceptar el documento y que este debe dirigirse al máximo responsable de la empresa en el país, el señor Brown. José Arcadio Segundo recurre entonces a sus contactos y consigue que el pliego llegue hasta él y sea firmado, tras lo cual vuelve a presentarlo ante los representantes de la compañía. Lo que parecía un problema meramente formal da paso, entonces, a una discusión mucho más profunda y, para el Derecho del Trabajo, extraordinariamente familiar.

Los representantes advierten que el documento aparece suscrito por quienes se presentan como trabajadores de la compañía y preguntan a José Arcadio Segundo a qué trabajadores se refiere. La respuesta parece obvia: a quienes están en las plantaciones sembrando, cortando y empacando el banano. La contestación empresarial, sin embargo, rompe esa aparente evidencia: ellos no son trabajadores de la compañía; son jornaleros a quienes se les paga por hora. Cuando se pregunta si acaso no significa lo mismo, la respuesta vuelve a ser negativa: únicamente serían empleados de la United Fruit Company quienes hubiesen celebrado formalmente un contrato con ella. Como ninguno de los firmantes del pliego tendría esa condición, la compañía niega, en consecuencia, la propia premisa sobre la cual descansaban las reclamaciones.

La escena resulta particularmente sugerente porque nos devuelve al problema que aparecía en el apartado anterior: ¿quién es trabajador? Lo que los jornaleros consideran evidente a partir de la realidad —trabajan en las plantaciones, producen y empacan el banano que comercializa la compañía— es negado mediante una determinada construcción jurídica de la relación. Ya no se discute todavía si tienen derecho al descanso, a recibir salario en dinero, a mejores condiciones sanitarias o a una jornada limitada. Antes de llegar a cualquiera de esas reivindicaciones aparece una cuestión previa: determinar si la empresa frente a la cual reclaman es realmente su empleadora.

Resulta difícil observar esa escena desde el Derecho del Trabajo contemporáneo sin encontrar ciertos paralelismos. Veintiocho años después de iniciado el siglo XXI ya no solemos escuchar la palabra «jornalero» para construir determinadas distancias respecto de la condición laboral; escuchamos otras: rider, colaborador, socio, asociado o prestador independiente. Evidentemente, ni los modelos empresariales ni las categorías jurídicas son equiparables y sería incorrecto trasladar mecánicamente un conflicto ocurrido hace casi un siglo a las nuevas formas de organización del trabajo. Sin embargo, el razonamiento que subyace conserva una sorprendente actualidad: la empresa sostiene que quien materialmente participa en su actividad no necesariamente es su trabajador porque la relación ha sido jurídicamente configurada bajo una denominación diferente.

Y aquí aparece otra de las grandes enseñanzas que ofrece el episodio para introducir el Derecho del Trabajo. La denominación contractual no necesariamente resuelve la naturaleza de la relación. Precisamente una parte considerable de la historia de esta disciplina ha consistido en construir mecanismos que permitan mirar más allá de las formas utilizadas por las partes y determinar quién trabaja realmente para quién, bajo qué condiciones y dentro de qué organización empresarial. Por eso, aquella pregunta aparentemente ingenua —«¿acaso no es lo mismo?»— contiene un problema jurídico que sigue ocupando tribunales, administraciones laborales y buena parte de la doctrina contemporánea.

La negativa de la compañía marca también un punto de inflexión en el conflicto. Hasta entonces, los trabajadores habían intentado organizar sus reclamaciones y conducirlas mediante un cauce formal, elaborando un pliego y procurando que fuese conocido por quienes tenían capacidad para responderlo. Al cerrarse esa posibilidad, la tensión comienza a desplazarse hacia otras formas de protesta. Se produce un primer episodio de violencia contra el comisariato de la compañía, del que son sustraídos productos que posteriormente se distribuyen entre quienes participan en las reuniones. Al mismo tiempo, dentro del movimiento comienzan a aparecer posiciones más radicales que proponen abandonar la reclamación pacífica y pasar a una confrontación directa para obtener los derechos reclamados.

Las protestas pasan después al espacio público y la respuesta de las autoridades es la detención de quienes son identificados como los primeros agitadores. Sin embargo, la estrategia produce un efecto contrario al esperado: a los primeros detenidos comienzan a sumarse otros trabajadores que se solidarizan con ellos, hasta que la cantidad de personas arrestadas supera la capacidad de las autoridades locales para mantenerlas bajo custodia y terminan siendo liberadas. La reivindicación laboral ha dejado definitivamente de ser la reclamación de unos pocos jornaleros para convertirse en un verdadero conflicto colectivo.

Tras su liberación se adopta una decisión que modificará nuevamente la naturaleza del enfrentamiento: mantener paralizadas las operaciones hasta que la compañía acepte sentarse a negociar. El conflicto entra así en una fase distinta. Ya no se trata únicamente de reunirse, presentar peticiones o manifestarse, sino de utilizar colectivamente la interrupción del trabajo como instrumento de presión frente al poder empresarial. La historia nos conduce, por tanto, hacia otra de las instituciones fundamentales del Derecho colectivo del Trabajo: la huelga.

Pero antes de llegar a ella, el episodio introduce un elemento que tampoco debería pasar inadvertido. A medida que el movimiento adquiere fuerza, cambia también la manera en que José Arcadio Segundo es descrito por quienes pretenden desacreditarlo. Aquel capataz que comenzó preguntando por qué enfermaban los jornaleros y reclamando mejores condiciones termina convertido en el discurso oficial en «comunista», «agente internacional entrenado» y experto en actos de vandalismo. La transformación resulta reveladora: cuando la reclamación laboral deja de ser individual y adquiere capacidad colectiva para alterar el funcionamiento de la empresa, también cambia la forma en que el poder caracteriza a quien la encabeza.

De la negociación selectiva a la huelga general: cuando el conflicto deja de admitir atajos

Con el paso del tiempo, la compañía modifica su estrategia y el señor Brown decide abrir un espacio de negociación. Sin embargo, no se trata todavía de una negociación colectiva en sentido estricto. La propuesta está dirigida exclusivamente a José Arcadio Segundo y a algunos de los trabajadores identificados como los más conflictivos, a quienes se ofrecen mejores condiciones, contratos, aumentos salariales y descanso. La lógica resulta evidente: mejorar la situación de quienes encabezan la protesta para aislarlos del resto y debilitar la fuerza del movimiento.

José Arcadio Segundo rechaza el ofrecimiento. La respuesta tiene un significado especialmente relevante desde la perspectiva del Derecho colectivo del Trabajo, porque marca la diferencia entre una ventaja individual y una reivindicación colectiva. Aceptar aquellas condiciones habría significado resolver la situación personal de algunos dirigentes, pero dejar intactos los problemas que habían originado el conflicto. La negativa, por tanto, no responde únicamente a una cuestión de lealtad con los demás trabajadores; expresa también la idea de que el objeto de la lucha ya no es mejorar la posición de unos pocos, sino obtener condiciones aplicables al conjunto.

A pesar de ello, la compañía continúa negando la existencia de una relación colectiva con quienes reclaman. La organización de los trabajadores carece todavía del reconocimiento que permitiría canalizar institucionalmente el conflicto. José Arcadio Segundo insiste, sin embargo, en que no abandonarán sus demandas. La tensión aumenta y comienzan los atentados contra algunos de los dirigentes, circunstancia que obliga a estos a abandonar temporalmente la exposición pública y pasar a la clandestinidad.

Ese tránsito también resulta ilustrativo. El conflicto laboral ya no se desarrolla únicamente en el espacio de la empresa ni alrededor de una mesa de negociación frustrada. Los representantes de los trabajadores deben ocultarse para preservar su seguridad y, cuando regresan, lo hacen encabezando manifestaciones en distintos puntos de la zona bananera. La movilización alcanza entonces una dimensión territorial y política mucho mayor y provoca la intervención directa del Estado.

La presencia del ejército y el establecimiento de la ley marcial alteran nuevamente la naturaleza del conflicto. Formalmente, las fuerzas militares aparecen con capacidad para intervenir en la controversia; en la práctica, la prioridad se desplaza hacia el restablecimiento de la producción. El pliego de peticiones vuelve a quedar relegado y la intervención estatal deja de orientarse hacia la búsqueda de una solución negociada para concentrarse en recuperar el funcionamiento de las plantaciones.

Ese momento abre paso a la gran huelga. Los dirigentes y los trabajadores intensifican las medidas de presión: interrumpen el suministro eléctrico, sabotean instalaciones de la compañía, incendian fincas y comisariatos e impiden la circulación de los trenes. La protesta adquiere así una intensidad mucho mayor y deja de limitarse a la abstención colectiva de trabajar. Aparecen actos que, vistos desde las categorías actuales del Derecho del Trabajo, obligan a distinguir entre el ejercicio de la huelga y aquellas conductas que exceden su contenido estrictamente laboral y afectan bienes, instalaciones o servicios.

Esa distinción es importante porque permite evitar una lectura demasiado simple del episodio. El reconocimiento histórico de la huelga como instrumento de presión de los trabajadores no implica que cualquier conducta desarrollada durante un conflicto colectivo forme parte necesariamente de su ejercicio legítimo. Precisamente una de las tareas del Derecho del Trabajo contemporáneo consiste en delimitar hasta dónde alcanza la protección de la acción colectiva y en qué momento determinadas actuaciones pasan a situarse fuera de ella.

La extensión de la huelga provoca, además, que el conflicto trascienda definitivamente los límites de la zona bananera. La compañía, ante la percepción de una respuesta insuficiente del gobierno colombiano y la complejidad de la intervención militar, busca apoyo directamente ante el gobierno de Estados Unidos. Este elemento introduce una dimensión adicional que no debe perderse de vista: el conflicto ya no enfrenta únicamente a trabajadores y empresa, sino que empieza a involucrar intereses económicos transnacionales y decisiones estatales.

Finalmente, el gobierno central, por medio del general Cortés Vargas, comunica la posibilidad de iniciar negociaciones a condición de que cesen los actos de violencia y sabotaje. José Arcadio Segundo acepta, pero exige que las conversaciones se desarrollen con diligencia. La respuesta genera una expectativa inmediata entre los trabajadores: se les anuncia que los representantes llegarán durante el fin de semana para negociar y el movimiento se prepara para ese encuentro.

«Eran más de tres mil»: cuando reclamar derechos terminó en silencio

La promesa de negociación devolvió, por unas horas, algo que el conflicto parecía haber perdido: la esperanza. Se había señalado un momento para conversar y los trabajadores acudieron convencidos de que, finalmente, alguien escucharía aquel pliego que durante tanto tiempo había sido rechazado, esquivado o simplemente ignorado. Llegaron desde distintos puntos de la zona bananera y se congregaron alrededor de la estación. En la recreación de García Márquez, eran más de tres mil. Hombres, mujeres y niños esperaban que aquel viernes llegara el representante con quien, por fin, podrían sentarse a discutir sus reclamaciones.

Pero la respuesta que encontraron no fue una mesa de negociación.

En lugar del representante esperado apareció el Ejército. Un oficial leyó ante la multitud el Decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia, el general Carlos Cortés Vargas, mediante el cual quienes impulsaban el movimiento eran calificados como una «cuadrilla de malhechores». La huelga que los trabajadores habían construido alrededor de unas reivindicaciones sobre jornada, salario, descanso, salud y condiciones de trabajo dejaba de ser presentada como un conflicto laboral y comenzaba a ser tratada como un problema de orden público. La transformación del lenguaje volvía a ser decisiva: primero se les había negado la condición de trabajadores; ahora se les negaba también la condición de huelguistas y se les convertía en delincuentes. La referencia al Decreto número 4 y a Cortés Vargas coincide, además, con el texto de la novela y con la documentación histórica sobre los acontecimientos de diciembre de 1928.  

La declaración del estado de sitio y las facultades conferidas a la autoridad militar colocaron el conflicto en un terreno completamente distinto. Se prohibieron las concentraciones y se ordenó dispersar a quienes permanecían reunidos. Frente a la multitud se anunció que, si no abandonaba el lugar, el Ejército abriría fuego. Se concedieron cinco minutos.  

Y nadie se movió.

Quizás esta sea una de las escenas más difíciles de observar con los ojos de quien, casi cien años después, explica en un aula el derecho de huelga, la libertad sindical o la negociación colectiva. Los trabajadores permanecieron allí porque habían acudido para negociar. Esperaban una respuesta a unas peticiones que, vistas desde nuestro tiempo, difícilmente pueden parecernos revolucionarias: cobrar un salario, descansar, disponer de unas condiciones mínimas de higiene, recibir atención cuando enfermaban y no entregar prácticamente toda su vida al trabajo. Habían esperado tanto aquella reunión que probablemente resultaba inconcebible pensar que el Estado pudiera responder de aquella manera.

Pasaron los minutos.

La multitud no se dispersó.

Y el Ejército disparó.

Por un instante, aquellos miles de personas permanecieron casi inmóviles frente a las primeras descargas. Después llegó el miedo. La concentración se convirtió en una huida desesperada mientras los disparos caían sobre hombres, mujeres y niños que apenas unos momentos antes aguardaban el comienzo de una negociación. La literatura de García Márquez convertiría aquella escena en uno de los episodios más estremecedores de Cien años de soledad y, al hacerlo, llevaría a Macondo un acontecimiento que tenía un referente histórico muy concreto: la Masacre de las Bananeras ocurrida en Colombia en diciembre de 1928. Las fuentes históricas coinciden en la concentración de miles de personas y en la orden de abrir fuego, aunque el número exacto de víctimas continúa siendo objeto de discusión; los «más de tres mil» pertenecen, sobre todo, a la poderosa construcción literaria de García Márquez.  

La imagen que sigue quizá sea todavía más perturbadora. En la novela, los cadáveres son cargados en los trenes y conducidos hacia el mar, como si fueran el banano que la compañía descartaba por no reunir las condiciones necesarias para ser exportado. Personas convertidas en desperdicio de una estructura productiva a la que habían entregado precisamente su trabajo. La historiografía recoge testimonios y versiones sobre el traslado y desaparición de cadáveres, aunque conviene distinguir aquí entre aquello que puede documentarse históricamente y la forma extraordinariamente simbólica mediante la cual García Márquez reconstruyó el acontecimiento.  

El episodio dejó para mí de ser solamente un buen recurso audiovisual para explicar Derecho del Trabajo. Porque detrás de muchas instituciones que hoy enseñamos con naturalidad existe una historia que fácilmente podemos olvidar. La jornada de ocho horas puede terminar convertida en un artículo dentro de un código; el descanso semanal, en una pregunta de examen; el salario, en una definición; la libertad sindical, en un derecho fundamental; la negociación colectiva, en un procedimiento; y la huelga, en una institución cuyos requisitos analizamos cuidadosamente. Todo eso es necesario. Es Derecho. Pero antes de ser Derecho fueron demandas formuladas por personas que no siempre encontraron una norma capaz de protegerlas.

La historia de los trabajadores bananeros recuerda además algo especialmente importante para comprender nuestra disciplina desde América Latina. El Derecho del Trabajo no puede estudiarse únicamente como una sucesión ordenada de leyes que fueron concediendo derechos progresivamente. Su historia también está hecha de conflictos, resistencias, organizaciones clandestinas, pliegos rechazados, huelgas reprimidas y trabajadores a quienes primero se les negó precisamente aquello que reclamaban ser: trabajadores.

Vuelvo entonces al salón de clases con el que comenzó esta entrada. Horas antes habíamos hablado de la Revolución Industrial, de fábricas, máquinas y transformaciones en los sistemas de producción. Después vimos a unos jornaleros entre plantaciones de banano descubrir que individualmente tenían muy poco poder, reunirse a escondidas, escribir sus primeras reivindicaciones, exigir ocho horas de trabajo, pedir descanso, reclamar salario y, finalmente, decidir que juntos podían dejar de producir.

Y quizás eso explique por qué aquella clase me pareció tan especial.

Porque durante unas horas dejamos de estudiar el Derecho del Trabajo únicamente desde las normas y pudimos observar por qué esas normas tuvieron que existir.

Al final quedaron José Arcadio Segundo, una estación, una multitud que había acudido esperando negociar y una frase destinada a sobrevivir a quienes pretendieron borrar lo ocurrido.

Eran más de tres mil.

Y quizá aprender Derecho del Trabajo también consista en eso: en procurar que, detrás de cada derecho que hoy damos por sentado, no olvidemos a quienes alguna vez tuvieron que reclamarlo cuando todavía no estaba escrito.